CORTÉS, HONDURAS. Este miércoles, el Ministerio Público (MP) informó que giró un requerimiento fiscal contra el alcalde del municipio de La Lima, Santiago Motiño, la vicealcaldesa y varios regidores de la comuna.
Según lo señala el documento compartido por la institución, a los miembros de la corporación se les acusa por los delitos de daños agravados y abuso de autoridad en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación y la Administración Política.
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De acuerdo a lo mencionado por el MP, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural compareció presentando una solicitud de antejuicio.
La solicitud es contra José Santiago Motiño López, Karla Janeth Enamorado Sagastume y Roberto René Ayestas Ávila. También para Ana del Carmen Murillo Mendoza, José Viera Zavala y Rosa Eva Castillo Madrid.
Precisaron que sus puestos son: alcalde, vicealcaldesa y los demás son regidores de la Municipalidad de La Lima, respectivamente.
En relación a los hechos manifestaron en la documentación compartida que, la Fiscalía recibió una denuncia por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), informando que se estaba realizando la destrucción del edificio donde funcionaron las oficinas administrativas de la Tela Railroad Company y Hotel Banana Inn.
Por otro lado, afirmaron que el 23 de octubre y el 1 de noviembre del 2018 el IHAH a través de un arquitecto realizaron una inspección en el edificio. Ahí emitieron un informe y un dictamen donde establecen los daños que se han ocasionado al patrimonio cultural.
Demolición total
De igual manera, el MP detalló que el inmueble ya había sido intervenido sin ninguna autorización el Instituto de Antropología. «Los trabajadores de demolición habían continuado pese a la orden de suspensión que había emitido el IHAH», añadieron.
Además, el ente manifestó que al seguir con las labores, el resultado fue la demolición total del inmueble y que continuaron las obras. Aparentemente para realizar un centro comercial para el funcionamiento de un supermercado.
Recalcaron nuevamente que: «sin tener ninguna autorización emitida por el IHAH, ocasionando con ello, graves daños al patrimonio cultural de la nación».
Asimismo, constataron luego de pruebas fotográficas que los avances de la demolición desde la última inspección que realizaron en octubre del 2018 resultaron en la demolición en su totalidad de todo el segundo nivel. Y aseguraron que solo quedó en pie alguna de las paredes interna y externa del primer piso.
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