TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos, tras el recorrido que realizó este domingo en compañía de autoridades de la Concesionaria Vial Honduras (Covi), con el fin de reubicar el peaje de Santa Cruz de Yojoa, dijo para medios locales que en 24 horas las casetas deberían ser demolidas.
En días anteriores se informó que la presidenta Xiomara Castro estaba de acuerdo e instruyó que el «peaje de la muerte» sea demolido. En ese contexto, expertos en temas legales aseguraron que si el Gobierno incumple o intenta resarcir el contrato, podría significar una demanda internacional.
Sector industrial de la zona, alcaldes de la región, sector transporte de carga pesada, pobladores y representantes de Covi, estuvieron en el recorrido. Ellos discutieron la reubicación del peaje.
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En ese contexto, Ramos dijo que “en 48 horas debería comenzar a verse la demolición masiva de todo lo que sea obstáculo para paso libre y que no provoque un frenado abrupto, sobre todo para el equipo pesado”.
Asimismo, señaló que aún no se han discutido temas de logística y de división política entre los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos.
“Vamos por buen camino, en este momento el cobro está liberado de Tegucigalpa a San Pedro Sula, tal como se acordó con la concesionaria para evitar accidentes”, indicó.
¿Dónde será ubicado?
El titular de la SIT señaló que entre los entes valoraron dos puntos para su reubicación, serían alrededor del kilómetro 190 y 197.
«Ambos están cercanos a dos retornos que nos permiten no crear más trastornos en la circulación de salidas de puntos y aldeas, zonas importantes hacia la CA-5”, aseguró.
Ramos detalló que se está procediendo a desmontar todo el sistema informativo para luego empezar a demoler todos los obstáculos.
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De igual manera, recalcó que llevar a cabo la eliminación de una caseta de peaje recae en una falta al contrato.
“Hay compromisos contractuales que deben ser muy bien tratados para que ambas partes tengan un acuerdo. De esta manera, que no provoquen mayor perjuicio para el Estado de Honduras”, sentenció.
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