GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender provisionalmente la vigencia del artículo “C” del Código Tributario, el cual regula la facultad de la Superintendencia de Administración Tributaria para acceder a la información bancaria, secreto bancario, para fines de control tributario y fiscalización.
Sobre ese tema expusieron durante un foro el titular del Ministerio de Finanzas (Minfin), Julio Estrada; el Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo y expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi);de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Todas esas instituciones abordaron las consecuencias de la suspensión provisional del secreto bancario.
Sin embargo la percepción internacional es igual respecto a los riesgos que corre el país. Ejecutivos de varios organismos coincidieron en que puede impactar negativamente y ser considerado de nuevo en la lista gris de la Ocde o como un paraíso fiscal.
Alberto Barreix, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Armando Lara Yaffar del Banco Mundial (BM) y María Concepción Carrera del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicaron durante el foro «consecuencias de retroceder en el cumplimiento del estándar internacional de transparencia tributaria para regular el secreto bancario».
En su presentación, Estrada expuso los argumentos que el Gobierno presentó a la CC a favor de la norma.El Superintendente de Bancos explicó las consecuencias negativas para Guatemala.
«Puede ser muy grave»
Estrada aseguró que las consecuencias pueden ser muy graves. Esto es así tomando en cuenta que el país ya está atrasado con los compromisos internacionales en materia fiscal.
“A la hora de quitar esa herramienta para la SAT, no solo se pierde recaudación local. Se pierde capacidad de cobrarles más a los que no pagan y asi no subirle impuestos a los demás”. El funcionario agregó que Guatemala con esto entra en un grupo de países que no tiene este tipo de acceso.
¿De nuevo un paraíso fiscal?
Estrada indicó lo que pasaría si la Corte de Constitucionalidad resuelva mantener la actual disposición. En este caso Guatemala podría ser catalogado como un paraíso fiscal, ya que no habría una base para negarlo. Esto tomando en cuenta que se tomaron 10 años para aprobar el Decreto 37-2016. Este basado en la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Gobernanza de la SAT, que había impedido al país estar en ese listado.
“Nos salvamos por años porque dijimos que íbamos a hacer una reforma. La hacemos y después cuando llegamos decimos que la Constitución nuestra no lo permite. Nunca hubo realmente una voluntad”, explicó. En consecuencia, podría darse en una próxima revisión al país.
Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, expresó que a Guatemala le tomó 10 años salir de la lista gris. Sin embargo, mencionó que debido al fallo de la CC hay un grave riesgo de que el país se catalogue de nuevo como paraíso fiscale.
“El asunto es que Guatemala, y aquí es donde se vuelve más relevante, tiene una obligación firmada en convenio internacional de colaborar entre administraciones tributarias y administraciones que velan por la transparencia financiera”, aseveró.
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Retroceso fiscal
A decir de Abelardo Medina, economista del Icefi, una suspensión definitiva del artículo 30 “C” al Decreto 6-91, del Código Tributario, sería un retroceso de al menos una década en materia fiscal y financiera, lo que llevaría al país a no ser considerado como un cooperante internacional y por ende acarrear sanciones.
En ese sentido, Medina aseguró que si Guatemala sigue en ese camino de no ser un país cooperante, esto podría convertirlo en un paraíso fiscal a futuro, esto debido a las condiciones que en el país se puedan dar.
Con esto, el Icefi reiteró su preocupación por las consecuencias de retroceder lo avanzado, y volvió a instar a la CC a resolver en definitiva con independencia y criterio técnico.
Fuente: Prensa Gráfica