Acompañándose de algunos sectores de la sociedad civil, los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo han propuesto una nueva normativa que le otorgaría al Gobierno mayor poder para controlar las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Sin embargo, el verdadero problema no es si las tasas de interés están altas o bajas, sino si son tasas correctas o incorrectas, de acuerdo a las condiciones y necesidades del mercado hondureño. Las tasas de interés son un tipo de precio; así como los precios se acuerdan entre vendedor y comprador, las tasas de interés son el precio pactado entre el prestamista y el prestatario.
¿Por qué se elevan los precios?
Por una parte, la escasez. Cuando hay poca oferta de un producto y mucha demanda, los precios se elevan. En Honduras, todos los que se dediquen habitualmente al préstamo de dinero deben obtener permiso del Estado y cobrar las tasas que dicte la Ley. Lejos de ampliar el acceso al crédito, estas regulaciones ayudan al surgimiento de mercados monopolistas en donde unas cuantas empresas gozan de poca competencia; ya que son pocas las personas que pueden costear los tramites y rendir las garantías que exige el gobierno para poder prestar dinero.
El “riesgo” es otro de los factores que más influye. La falta de seguridad jurídica, implica que hacer negocios en Honduras es riesgoso. Si alguien incumple un contrato o no paga una deuda, la deficiente impartición de justicia obliga a que el vendedor o prestamista eleve sus precios para recuperar el daño de un complicado proceso de cobro y resolución de un pleito legal. Más allá, la falta de desarrollo económico y la inestabilidad política incide en la capacidad de las personas para poder pagar sus deudas, y ante esa eventualidad, los prestamistas buscan protegerse cobrando tasas de interés altas.
¿Cómo se reducen los precios?
La experiencia demuestra que la forma más eficiente para reducir el costo de bienes y servicios es a través de la libre competencia en un mercado abierto, tal como hemos visto en el caso de la telefonía móvil y la tecnología. Cuando hay muchas empresas, la necesidad de atraer clientes las obliga a hacer ofertas más atractivas.
Si el gobierno quiere que los hondureños tengan un mayor acceso al crédito, debe enfocarse en reformar la legislación financiera para permitir que más y mejores empresas (sean nuevas, viejas, nacionales o extranjeras) puedan establecerse en Honduras, entrar al mercado financiero y competir libremente por la preferencia de los consumidores.
Por otra parte, en materia de seguridad jurídica debe haber un fortalecimiento de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, así como una reforma a la Ley de Arbitraje que permita a las personas resolver sus controversias legales de forma más eficiente. Una ardua protección a la propiedad privada, a la libertad contractual y la ejecución de los contratos, y una eliminación significativa de los costos y barreras regulatorias sobre transacciones comerciales y financieras, constituirían una estrategia mucho más eficaz para reducir la inseguridad jurídica, incrementar la competencia y ampliar el acceso de créditos y financiamiento para los emprendedores hondureños.
Más regulación solo dificultará el acceso a los servicios financieros en Honduras, donde de acuerdo al Banco Mundial solo el 30% de la población mayor de 15 años tiene una cuenta a su nombre en una institución financiera.
