TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la vigencia de la controversial reforma hecha a la Ley del Presupuesto General, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se apresta a elaborar un reglamento para llevar a cabo las investigaciones.
Bajo este instrumento legal se regirán las indagaciones que el ente contralor hará al uso de los recursos económicos. Eso, que provee el Fondo Departamental a los congresistas para llevar a cabo proyectos sociales en cada una de las comunidades.
Según explicó el magistrado del TSC, Miguel Pineda, la enmienda pide ejecutar una investigación especial. En ese sentido, de 750 exdiputados y diputados desde la administración del 2006 hasta la fecha.
“Lo que ha solicitado el Congreso Nacional es una investigación especial y expedita para 750 diputados de las tres últimas administraciones”, dijo.
Hay que mencionar que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) permanentemente ejecuta auditorías al Fondo Departamental. Esto, conforme a un Plan Operativo Anual que fue elaborado en el año 2017.
Sin embargo, la reforma indica que deben realizarse las investigaciones específicamente sobre unos 750 congresistas de los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Hernández.
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Fundaciones
La enmienda obliga y pone en condición de investigadas a más de 100 fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Porque han recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos cuatro gobiernos.
Sobre el particular, el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, informó que desde antes de la reforma “se había ordenado la auditoría completa del fondo departamental, ya pedimos a la Secretaría de Finanzas para comenzar a trabajar en ella”.
Adelantó que los auditores inspeccionarán todos los lugares del país. Donde se han ejecutados obras con fondos departamentales otorgados por la Secretaría de Finanzas a funcionarios y diputados. La auditoría deberá realizare en un periodo de tres años tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
La reforma ha generado una serie de dudas en la sociedad y principalmente en la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih). Lo anterior, que denunció que la enmienda le quita atribuciones investigativas al Ministerio Público; generando impunidad en el país.
“El CN no renunciará a que el TSC audite manejo de fondos públicos”: Mario Pérez
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Mario Pérez, en relación al tema aseguró que el Poder Legislativo no renunciará a que el TSC sea el ente encargado de auditar los fondos departamentales que manejan los diputados.
Ante ello, el líder nacionalista dijo que “está establecido en la Constitución de la República que el TSC es el que debe hacer las auditorías internas a instituciones que hagan uso de dinero público”.
De igual manera, el parlamentario indicó que esta semana se presentarían una serie de proyectos de ley. Entre ellos el reglamento que buscará auditar de manera especial a los más de 750 ex diputados.
“Esperamos que en estos días podamos presentar ante la Cámara Legislativa una buena cantidad de proyectos y anteproyectos. Algunos que buscan derogar y otros reformar leyes”, subrayó el diputado del PN por Santa Bárbara.
Acotó que, a lo que no renunciarán es a que el TSC haga auditorías. Ello, porque ya está estipulado en la Constitución de la República.
“Cada persona que tenga señalamientos por mal manejo de dinero público, debe tener oportunidad de defenderse; y, demostrar como usó esos fondos”, puntualizó Pérez.
Objetivo de las nuevas reformas al reglamento
La enmienda obliga y pone en condición de investigadas a más de 100 fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Esto, tras haber recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos cuatro gobiernos.
Sobre el particular, el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, informó que desde antes de la reforma a la Ley del Presupuesto, se había ordenado la auditoría completa del fondo departamental.
También, se le solicitó a la Secretaría de Finanzas comenzar a trabajar en las reformas lo antes posible. Seguidamente, adelantó que los auditores inspeccionarán todos los lugares del país.
“Donde se han ejecutados obras con fondos departamentales otorgados por la Secretaría de Finanzas a funcionarios y diputados. La auditoría deberá realizare en un periodo de tres años tras su publicación en el diario oficial La Gaceta”, puntualizó Rodríguez.
Para finalizar, es oportuno recalcar que, la reforma a la Ley del Presupuesto ha generado una serie de dudas en la sociedad y principalmente en la MACCIH. Lo anterior, ya que según la MACCIH la enmienda le quita atribuciones investigativas al Ministerio Público; generando impunidad en el país.
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