TEGUCIGALPA, HONDURAS. COVID-19, el desafío más profundo que ha vivido la sociedad hondureña, así definió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la emergencia sanitaria actual y sus consecuencias.
La máxima casa de estudios considera que las vivencias por la pandemia cambiarán drásticamente nuestra realidad futura. Bajo ese punto de vista, y aludiendo mandatos constitucionales, el alma máter dice tener el compromiso de participar en la transformación del país.
En ese sentido, la UNAH publicó un plan para que Honduras lidie con el padecimiento y guíe su crecimiento y sostenibilidad una vez superada la problemática. Su proposición se denomina: Propuesta Integral para el Desarrollo de Honduras frente de la pandemia de COVID-19.
El trabajo fue realizado por un equipo multisectorial de docentes universitarios. Se contó con profesionales de Medicina, Microbiología, Economía y Ciencias Sociales.
El grupo aseveró en la presentación escrita de su documento que lo que la universidad puede hacer por la ciudadanía es aportar desde la ciencia y la cultura a la solución de la emergencia.
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¿En qué realidad «encontró» la COVID-19 a Honduras?
En el contenido, el escrito describe la actualidad del país desde antes de la llegada del nuevo brote de coronavirus. Dice que las deficiencias de cohesión social y Gobernabilidad son «serias».
¿Qué provocó esas falencias? Se detalla que fue un entorno institucional debilitado, vulnerable a la corrupción, abuso de poder y una crisis creciente de legitimidad. Además, otros problemas arraigados en el seno del pueblo, la pobreza, la desigualdad y la violencia.
También, se agregó, según el documento, la creciente migración y la búsqueda de asilo y refugio en Norteamérica y Europa; es decir, Honduras registra un alto grado de conflictividad social, por distintos motivos.
Por la situación imperante, los especialistas consideran que el confinamiento domiciliario, cuyo propósito es aplanar la curva de infecciones, daña aún más a las personas que conviven con el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Pero, las fallas en la distribución alimentaria, entre otras cadenas de valor, podrían derivar en una explosión social, según anticipó la UNAH, algo que debe evitarse.
Asimismo, la proposición lista una serie de impactos en las relaciones económicas del país cinco estrellas (por el virus), lo que perjudica aún más los flagelos previamente planteados. Entre esos golpes están los relacionados al escaso comercio, la reducción en remesas e inversión, y un debilitamiento de la cooperación internacional.
¿Qué factores condicionan la reactivación en Honduras?
Seguido, los expertos enumeraron factores incidentes que son esenciales para una exitosa reactivación social y económica. En un pronunciamiento previo provisto por catedráticos de Economía, se opinó que es indispensable la reapertura, segura y ordenada, priorizando la vida.
El logro de la reactivación recaería en un plan de contención de COVID-19 que sea eficazmente ejecutado por el Gobierno. El mismo tiene que conllevar la provisión de estadísticas e información efectiva y transparente.
Igualmente, debe presentarse una estabilidad política y social. Por ello, la UNAH considera que la actitud de la población es fundamental frente a las amenazas; y, por último, resalta la necesidad de una gobernabilidad donde prevalezca la democracia.
Estrategia
Cooperación estatal y ciudadana
El principal centro de la educación superior en Honduras considera que el primer paso para el abordaje de la problemática y solucionar los efectos es una efectiva gobernanza y el mejoramiento en la convivencia social.
En virtud de lo anterior, asegura que se requiere un fortalecimiento de un Sistema de Salud que evidenció sus carencias en el inicio de la crisis. A su vez, una garantía de seguridad alimentaria que proceda de un encuentro entre el Estado y la sociedad, con «la mayor participación ciudadana posible».
En cuanto a las labores gubernamentales, afirma que debe haber complementación entre las autoridades, pero no sobrepasar la autonomía de cada poder estatal. Asimismo, poner en práctica los acuerdos con el sector privado, las organizaciones ciudadanas, partidos políticos y cooperación internacional.
Acceso a Educación y Salud sin distinción
La entidad opina que la Salud y la Educación, bajo principios de subsidiariedad y libre acceso, cooperarán notablemente a un retorno a la «normalidad».
Plantea que, en la reformulación del Presupuesto General del Estado, se incluya las adquisiciones necesarias para garantizar el acceso de los trabajadores del sector informal y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) con las medidas de bioseguridad pertinentes, para evitar así una segunda ola de contagio.
Como medida a mediano o largo plazo, se expuso que se debe revisar, profundamente, la Ley Marco de Protección Social, amparada en el decreto 056-2015; así como el resto de la normativa vigente, para que se garantice el «acceso universal» de la población a los servicios de salud adecuados.
Se plasmó también que, al abrirse más comercios, debe haber apertura de diálogo por parte de los distintos sectores tanto públicos como privados, para desarrollar óptimos procesos de protección y un constante monitoreo.
Gestión Pública Transparente
Rumores, escándalos y perjuicios relacionados a las compras de emergencia han sido más que notorios, recuerdan los maestros. «Eso supone una pérdida de recursos financieros para hacer frente al problema de manera efectiva», expresaron.
Por ello, exigen una deducción de responsabilidades y un rendimiento de cuentas a la ciudadanía del uso e impacto de los recursos empleados para atender la pandemia. Aplica para los fondos tanto en salud como en protección social y la reactivación económica.
El acceso inmediato a la información sobre compras y contrataciones es fundamental, remarcó el documento. El Gobierno deberá avanzar hacia el empleo de herramientas digitales que permitan visualizar apropiadamente los datos e identificar posibles anormalidades. Los recursos deben tener una destacable característica de trazabilidad, permitiendo una inspección en tiempo real de agentes especializados y la ciudadanía.
Las instituciones contraloras, por su parte, tienen la responsabilidad de iniciar los procesos de investigación ante las denuncias de corrupción.
Estabilidad Política y Derechos Humanos
La confianza otorgada al pueblo es esencial a criterio de la UNAH. Por tanto, el conglomerado de profesores que creó la propuesta llegó al consenso de que la problemática sanitaria no debe incidir en la estabilidad política y el sistema democrático.
Entonces, la propuesta dice que las reformas para reforzar la institucionalidad política no pueden detenerse; certidumbre de los próximos comicios no deberá faltar.
En materia de Derechos Humanos (DD.HH.), se recuerda que proteger la vida humana es el propósito número uno. Con tintes históricos, los redactores remembraron que Honduras se caracterizó en el transcurso de los años por denegar sus derechos a grandes sectores de la población.
La proposición insta a poner en práctica las normas internacionales de DD.HH. en el acompañamiento de las iniciativas de reapertura. La equidad e igualdad, en todos los sentidos, deberá aplicarse en la ejecución de los programas, advirtió la UNAH.
Combate de la infección
La vigilancia epidemiológica, en el adecuado tratamiento de la pandemia, contará con el uso masivo de pruebas serológicas (rápidas), explicó el documento.
Los resultados de ese mecanismo se convertirán en un indicador de viabilidad para un regreso, escalonado, a la actividad laboral.
Según los análisis médicos, las personas infectadas con SARSCoV-2 (Covid-19) generan anticuerpos 7-14 días después. No obstante, la duración -y capacidad- de esos anticuerpos para producir inmunidad es aún objeto de estudio.
Los doctores que forman parte del equipo universitario que escribió la propuesta afirman que el riesgo de las pruebas rápidas está vinculado con una mala interpretación del resultado.
¿Qué podría afectar la lectura de resultados? Pues, ilustran que se debe considerar el tiempo entre la infección y el desarrollo de anticuerpos. Tomando eso en cuenta, remarcan que, con obligatoriedad, debe ser personal de Microbiología que emita los veredictos de esas muestras.
Aspectos destacables de las pruebas rápidas
El equipo llegó a conclusiones íntegras luego del estudio de la realización de pruebas rápidas. En primer lugar, aseguran que no pueden detectar si una persona se infectó recientemente (es decir, en una semana o menos).
Entre tanto, no recomiendan las pruebas serológicas para diagnóstico, sino como una herramienta de vigilancia epidemiológica. La confirmación o anulación recaerá, como es usual, en la PCR (prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa).
Sin embargo, destacan la funcionalidad de las pruebas rápidas para forjar cercos epidemiológicos y efectuar tamizajes -mediciones de quiénes podrían haber contraído la enfermedad- en grupos de riesgo, como personal sanitario, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
También, la prueba rápida permite establecer vínculos entre confirmados por PCR y sus allegados, quienes podrían ser portadores asintomáticos, entre otros beneficios.
En síntesis, la máxima casa de estudios propone que, si se hace una reinserción de la población a sus actividades laborales cotidianas, deberá hacerse luego de un diálogo multisectorial (tanto privado como público), bajo las medidas de bioseguridad pertinentes, y con la aplicación constante pruebas rápidas. Los avances económicos estarán sujetos a la oportuna acción gubernamental con la cooperación ciudadana.
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