MÉXICO. “Mientras en todos los niveles de gobierno los funcionarios se cubren unos a otros, ya son dos años sin ninguna respuesta, desde el principio hemos pedido hallarlos vivos porque vivos se los llevaron”.
Clemente Rodríguez, el padre de Christian, sigue sin saber nada de su hijo, uno de los 43 estudiantes de una escuela para maestros que desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En este tiempo, la investigación han ido moviéndose y alejándose cada vez más de la “ verdad histórica” que dio a conocer ante los medios de comunicación en enero de 2015 el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) Jesús Murillo Karam, a quien dos meses le bastaron para quedarse sin puesto dentro del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A continuación, Univision Noticias enumera las razones que han ido desvirtuando la versión con la que el entonces fiscal pudo haber cerrado el caso.
1. Un peritaje independiente del doctor experto en incendios José Torero, elaborado para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en septiembre del año pasado que «la hipótesis de que (a los 43 estudiantes) los quemaron en el basurero de Cocula no es posible. No hay ninguna evidencia de que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar inclusive un solo cuerpo».
Basada en testimonios de detenidos, la versión oficial señalaba que los jóvenes fueron secuestrados por policías municipales, entregados por éstos a miembros del cártel narcotraficante Guerreros Unidos para ser asesinados y sus cuerpos incinerados en las inmediaciones del basurero de la localidad de Cocula. Luego, las cenizas guardadas en bolsas plásticas de basura y colocadas en el río San Juan.
Sin embargo, el análisis del GIEI señala que los testimonios de los presuntos criminales relatan “ eventos que no son posibles”,
Este mismo mes, la Universidad de Queensland Australia realizó un experimento que le permitió descartar que los 43 cadáveres fueran incinerados como dijo la autoridad, pues para ello se hubieran necesitado alrededor de 27 toneladas de madera y todavía habrían quedado restos de materia orgánica.
2. Los propios declarantes, indica el GIEI -conformado por Carlos Martín Beristain, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, Alejandra Buitrago y Alejandro Valencia Villa-, que algunas de sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. En mayo de este año, la propia CIDH tuvo acceso a al menos cinco testimonios que apuntan en ese sentido.
Patricio Reyes Landa, detenido apenas un mes después de la desaparición de los 43 y uno de los primeros en, supuestamente, confesar qué habían hecho con los jóvenes, declaró en julio pasado ante un juez que en “el transcurso del camino (hacia el lugar donde lo llevaron las autoridades para relatar el crimen) me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”.
“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino –continuó-, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino. Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.
3. El informe del GIEI, cuya participación en la investigación fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno y representantes de las 43 familias en noviembre de 2014, puso sobre la mesa el elemento de que un quito autobús pudo haber estado cargado con droga el día del ataque. También criticó lo que llamó “la inacción de las fuerzas federales”, debido a que la PGR no mencionó en su averiguación que los estudiantes también tomaron un autobús de la compañía Estrella Roja, que fue el único que no fue atacado violentamente.
El GIEI le pidió a la fiscalía examinar físicamente el camión y hablar con el chofer. El conductor presentado incurrió en contradicciones, mientras el bus que mostró la fiscalía no corresponde al que aparece en el video de las cámaras de seguridad de la central camionera en Iguala, valoraron los expertos.
4. Al presentar su segundo informe, ya en abril de este año, el GIEI señaló “severas irregularidades” en las diligencias realizadas en el río San Juan y encabezadas por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la PGR, Tomás Zerón, el principal investigador del caso. Un video muestra a Zerón en las inmediaciones del río en Cocula un día antes de que fueran halladas las bolsas de plástico con los restos óseos que se dijo pertenecían a los estudiantes.
El GIEI acusó a Zerón de tergiversar la realidad cuando dijo que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron una visita que él hizo el 28 de octubre de 2014 al río San Juan. “Extrañada”, la ONU se deslindó de haber participado. Por lo anterior, los familiares de los 43 desaparecidos sumaron a sus exigencias la renuncia de este funcionario.
Al respecto, la PGR aseguró que la Visitaduría General de esa dependencia, con César Chávez Flores al frente, sería la encargada de investigar la actuación de Tomás Zerón en la cuestionada diligencia.
A mediados de este mes, Tomás Zerón presentó su renuncia como jefe de la AIC. Sin demora, ese mismo día el presidente Peña Nieto lo nombró como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional “por reconocimiento a sus acciones”, un alto cargo también para la procuración de justicia en el país. Dos días antes de esta renuncia, el visitador encargado de investigarlo también había renunciado.
5. Previamente, específicamente en junio de este año, la fiscalía relevó a José Aarón Pérez Carro por Alfredo Higuera como titular de la oficina especial del caso Ayotzinapa. Además en la dirección de Servicios Periciales hubo cambio: Sara Medina dejó el cargo en manos de Jorge Zúñiga. Estos cambios también derivaron de las irregularidades en las diligencias.
Precisamente Higuera informó la semana pasada que el uso de la tecnología alemana LiDAR –rentada por la PGR para responder a la petición de los familiares—permitió identificar 40 sitios en cinco zonas en las inmediaciones de Iguala y Cocula donde podría haber fosas clandestinas donde se buscarán los restos de los estudiantes, con lo que se desconfía de forma implícita que ya se tengan los restos.
6. Además, después de un rastreo realizado a teléfonos celulares, la PGR recién admitió, como había dicho meses atrás un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en el día y lugar de los hechos, además de policías de las localidades de Iguala y Cocula, también estuvieron presentes uniformados de Huitzuco, los que no fueron mencionados en la teoría que presentó Murillo Karam.
7. En estas investigaciones, en las que también colabora personal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), se ha determinado que algunos teléfonos celulares de los jóvenes siguieron siendo utilizados durante días e incluso meses después del secuestro múltiple, un tema sobre el que la fiscalía que elaboró la «verdad histórica» se negó a investigar, pese a que familiares de por lo menos uno de los desaparecidos declaró ante las autoridades que el teléfono de su pariente seguía activo.
8. Organismos internacionales cuestionan la actuación del gobierno mexicano e incluso han lanzado distintas acusaciones sobre su proceder en la investigación del caso. Recintemente Amnistía Internacional (AI) sentenció en un comunicado que la “tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México (…)
Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”, agregó.
En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo tras su visita a México que “el caso Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones a derechos humanos que tienen lugar en todo México”.
“El tiempo nos va a premiar por tanto que hemos luchado. Este movimiento tendrá sus logros, de alguna manera o de otra esta lucha va a encontrar a los muchachos. Pelear con este monstruo que es el gobierno es muy difícil, pero le vamos a dar batalla; todos los padres estamos en la misma postura”, concluye Rodríguez.
Fuente: Univisión Noticias
