TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la ola de asesinatos y los abusivos cobros de extorsión por parte de maras y pandillas, el dirigente del transporte público Jorge Lanza, exigió a las autoridades que hagan algo para terminar con este flagelo.
Ante el anuncio de una posible paralización de este rubro, diario TIEMPO Digital se comunicó con Lanza y le consultó si el paro sería nacional. Sin embargo, en lugar de responder dicha pregunta, solo se refirió a cuáles son las solicitudes de los transportistas.
Además, hizo un enérgico llamado a que tanto su rubro (transporte), y todos los demás comercios que están siendo extorsionados, se unan para juntos hacer algo en contra del flagelo.
«No podemos seguir entregando nuestras utilidades a sinvergüenzas. Estos están acostumbrados a vivir del dinero que no les cuesta ¡es intolerable!», dijo.
Ante todo lo que está ocurriendo en el transporte público producto de la extorsión, Lanza dijo que le han rogado ayuda a las autoridades de Seguridad. «Incluso de rodillas hemos pedido ayuda», aseguró. Pero, según él, los resultados son prácticamente nulos debido a que no se cuenta con la suficiente logística para combatir a los grupos criminales.
De igual manera, «nosotros dimos L200 millones en el 2017. Los entregamos a la secretaría de Seguridad para que nos dieran protección y no hay seguridad para el transporte», reprochó.
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Lanza: «No sabemos de dónde viene la extorsión, si es hasta del Gobierno»
El dirigente del transporte, además, aseguró que ellos desconocen de dónde proviene la extorsión de la cual son víctimas.
«Nosotros ya no podemos vivir en una extorsión que no sabemos de dónde viene, si es hasta del Estado, hasta del Gobierno«, dijo Lanza. Lo anterior, debido a que, según el dirigente, las autoridades conocen en dónde están los extorsionadores.
De igual manera, dijo «nosotros les damos nombres, apellidos, tarjetas donde depositamos el dinero, teléfonos celulares y con toda esa información no capturan a estos delincuentes». Agregó que la Policía no solamente debe capturar a los extorsionadores, sino también a los testaferros.
Policía no puede intervenir teléfonos satelitales en las cárceles
Por otro lado, el empresario dijo que ahora que se han enviado agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), a las cárceles, hay menos agentes para el proteger al transporte.
Del mismo modo, lamentó que las mismas autoridades dijeron que en las cárceles ellos no pueden intervenir los teléfonos satelitales, pues es de allí que salen las órdenes de extorsión.
«En manos de quién estamos, si la Policía no tiene la capacidad de intervenir estos teléfonos desde los cuales nos extorsionan. Solo estamos en las manos de Dios», pronunció.
Asimismo, Lanza dijo que a la semana cada unidad paga L8,000 mil a al menos cinco grupos criminales. En total, al año se pagan entre L250 y L270 millones.
En 10 años, más de 3 mil transportistas asesinados
Debido al flagelo de la extorsión, han sido asesinados más de tres mil operadores del transporte público en Honduras, aseguró Lanza. Sin embargo, la Policía dice que no todos estos crímenes están relacionados con la extorsión.
Para finalizar, Lanza se refirió a la muerte de un conductor de la ruta Tiloarque-La Sosa, que falleció luego de que un sicario lo interceptara a la altura de «El Arbolito» en Tegucigalpa.
Las autoridades de la Fuerza Nacional del Transporte Urbano (FNSTU) dijeron que el transportista no pasó por la terminal recogiendo a los agentes que resguardarían la unidad ese día.
Por su parte, Lanza pronunció «no sé si el conductor llegó a tiempo, pero ellos normalmente comienzan a llegar a los planteles a las 4:00 de la mañana, y yo no creo que a esa hora FUSINA haya estado para resguardar los buses».
