TEGUCIGALPA,HONDURAS. Por más de una década las concesionarias de vehículos en el país vendieron automóviles sin control a los más grandes capos de la droga, esto tomando en cuenta que la legislación de 2002 no definía claramente una penalización a esa práctica.
Como se sabe, ese año entró en vigencia una ley antilavado. Se trataba de la Ley Contra el Delito de Activos, una legislación que no se refería a «organizaciones no financieras»; ese espacio permitió a las concesionarias vender vehículos a estructuras criminales a través del pago procedente de actividades ilícitas.
En esos tiempos los carteles operaron a sus anchas, adquiriendo automóviles y otros bienes al «por mayor».
Años después, en 2015, esa ley la derogaron por un nuevo instrumento que pasó a llamarse Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos.
Esa Ley Especial entró en vigencia en abril de 2015 con su publicación en el diario oficial La Gaceta y tras su aprobación en el Congreso Nacional en diciembre de 2014.
Lea también: Parte de la fortuna ilícita de capos y pandillas se invirtió en compra de vehículos: ¿lavado impune?
Nuevas disposiciones
Esa actual normativa contiene un total de 93 artículos y se aprobó con la participación de representantes del Ministerio Público; también de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Esta ley sí incluyó a las concesionarias bajo la denominación de empresas «que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de: automóviles, aeronaves y, medios de transporte marítimo».
Por lo anterior, se puede concluir que por más de 10 años las empresas automovilísticas realizaron negocios sin normativa específica.
Por lo tanto, las concesionarias recibieron dineros sucios de los narcotraficantes y entregaron a cambio vehículos del año. Así lo establecen los registros hasta ahora no publicados de los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico.
Lo anterior, pese a que algunos de sus clientes fueron reconocidos narcotraficantes hondureños y que la mayoría de estos guardan prisión en los Estados Unidos.
Nota relacionada: Honduras en lista de «preocupante» por lavado de activos: ¿Será por las concesionarias?
Negocio redondo
Como ya se ha expuesto en anteriores artículos publicados por Diario TIEMPO DIGITAL, la venta de vehículos es considerada como un negocio fructífero, debido a que las transacciones realizadas permanecen en el anonimato y sin penalización.
La misma opinión tienen las autoridades de los Estados Unidos, quienes en abril pasado rindieron un informe en el que catalogan a las empresas dedicadas a la venta de vehículos como uno de los sectores utilizados por los capos para cometer lavado de activos.
Así también, en el año 2017 en otro documento oficial, ubicó a Honduras en la escala de los países de “preocupación primaria” sobre la comisión de este delito.
Lo anterior, pese a que la nueva Ley Especial de lavado de Activos había entrado en vigencia dos años atrás.
Entre las más famosas distribuidoras de vehículos destacan: la Corporación Flores, Auto Excel, Grupo Q, Yude Canahuati y Corporación Jaar. Vehículos de estas empresas fueron decomisados por las autoridades durante las incautaciones a los capos y pandillas.
De interés: CNBS: Empresas y bancos deben conocer los clientes y el origen de sus fondos
Reporte de operaciones sospechosas
Uno de los artículos de esta nueva ley establece que es de carácter obligatorio reportar todas las operaciones sospechosas. Es decir, aquellas que se puedan detectar, independientemente de que se ejecuten o no.
Esta normativa no estaba incluida en la ley antilavado publicada en 2002; por lo tanto se entiende que los legisladores la corrigieron al detectar que las concesionarias vendían vehículos sin importar a quién.
Recientemente Ethel Deras, titular de la CNBS, lo advirtió. “La banca y la empresa privada tienen que conocer a sus clientes y el origen de los fondos”, dijo.
Lo anterior, para prevenir el delito de lavado de activos, aseguró Deras. “La lucha contra el lavado de activos ha sido bastante; es un sistema que empieza con la detección, el análisis hasta llegar a que se judicialice”, agregó.
Por todo lo antes expuesto queda evidenciado que las concesionarias del país tienen que transparentar sus actividades para evitar sospechas de recibir dineros sucios procedente de actividades delincuenciales.
